Un colorido acto para conmemorar el “Día Nacional contra la Explotación Sexual Comercial Infantil” (ESCNNA) se realizó en Santiago para recordar que es una de las peores vulneraciones de derechos hacia la niñez y la adolescencia; y fortalecer el trabajo y compromiso de las organizaciones que le hacen frente cada día.

Organizada por el Observatorio Metropolitano de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de Explotación Sexual Comercial, la actividad se desarrolló en la Plaza Vicuña Mackenna, en pleno centro de la capital, el pasado martes 27 de mayo.

El acto fue acompañado por una Feria Ciudadana contra la Explotación Sexual Comercial Infantil, donde diversas instituciones y ONGs compartieron en sus stands información y experiencias para sensibilizar a la comunidad acerca de esta grave y compleja problemática que afecta a niños, niñas y adolescentes en nuestro país. 

En la ocasión, las autoridades y organizaciones presentes, reafirmaron su compromiso en pro de generar acciones a nivel local para erradicar la ESCNNA.

“Nosotros acogemos más de 1200 niños al año, los cuales se encuentran en terapia de reparación. Tenemos una página web destinada exclusivamente a la denuncia, un número fijo de teléfono gratis y que funciona las 24 horas del día y los 365 días del año, tendiente a la denuncia”, señaló María José Montero, directora regional del Sename.

En la declaración del Observatorio Metropolitano, leída por Julián Reyes, de Corporación Opción; Jessica Soto, directora del Proyecto Remolinos de ONG Social Creativa; y la directora del Centro de Acogida Poniente de ONG Raíces, Lorena Poblete, se manifestaron preocupados por la existencia de redes criminales organizadas que operan en la Región Metropolitana, que reclutan y facilitan la utilización de niños/as y adolescentes para la satisfacción sexual de adultos. 

“Esta situación implica el sometimiento de menores de edad para la producción de material pornográfico y su involucramiento en actividades sexuales a cambio de dinero, regalos, protección u otros, el turismo sexual y/o la trata”, sostiene la declaración.

De acuerdo a las estadísticas del Observatorio Metropolitano, sólo en esta región del país  se registran actualmente un total de 436 niños, niñas y adolescentes que han sufrido esta grave vulneración de derechos. De ellos, 241 están siendo atendidos por programas especializados. 

Por el manto de oscuridad que cubre esta práctica criminal, las organizaciones que trabajan en su prevención y reparación, indicaron que es difícil la visibilización de esta realidad y sus víctimas, por lo que invitaron a las autoridades y la sociedad civil en general a comprometerse “generando las condiciones tanto para la detección de víctimas y la protección de sus derechos, como a la denuncia de los explotadores”. Además, se requiere fortalecer la persecución penal y la sanción a los adultos que facilitan esta grave vulneración de derechos de la niñez.

“… es muy necesario fortalecer el compromiso del Poder Judicial y del Ministerio Público (…)  Para ello, es imprescindible, también un apoyo desde el ámbito legislativo. Si bien se reconoce la aprobación de la “Ley 20.507” que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal, sentimos que aún queda mucho por hacer en materia de protección de las víctimas”, especifica la Declaración del Observatorio Metropolitano.

Junto a esto, expresaron que es urgente generar acuerdos intersectoriales, de manera de poder articular en forma eficiente la reinserción de los niños/as y sus familias al sistema de protección social, para con ello restituir el acceso a derechos básicos como educación, salud, crecer en familia, la recreación, etc.

Finalmente, recordaron que “un adulto que utilice a una persona menor de 18 años con propósitos sexuales a cambio de dinero, especie o de algunos favores como amparo o protección está cometiendo un delito”.

En el Observatorio Metropolitano participan las organizaciones ONG Social Creativa, Corporación Opción, ONG Raíces, Fundación San Carlos de Maipo y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica.