El Bloque por la Infancia considera absolutamente imprudente esta decisión del Ejecutivo. Hemos sido enfáticos en señalar que desde hace 25 años el Estado de Chile tiene una deuda con la infancia, y que nuestro país requiere de una Ley de Garantías de Derechos, pero también hemos afirmado que cualquier ley no da lo mismo.
Todos y todas hemos apostado por MEJORAR SUSTANTIVAMENTE un proyecto de ley muy deficitario y que está muy lejos de los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño pero, para ello se requiere de tiempos que permitan un verdadero intercambio democrático.
Lo anterior es más grave aún dado que, por disposiciones constitucionales, gran parte de las modificaciones demandadas desde la sociedad civil, requieren de la disposición y compromiso genuino del propio Ejecutivo en pos de mejorar dicho proyecto. La suma urgencia es, a todas luces en este caso, una negación de dicha disposición y una manera de no honrar los compromisos.
De continuar por este camino la actual iniciativa no pasara de ser, una vez más, porque así ha sucedido sistemáticamente los últimos 25 años, una esperanza NO cumplida, alimentando frustraciones.
Hacemos un llamado al conjunto del Ejecutivo a reconsiderar su decisión y a hacerse cargo, de una vez por todas, de la relevancia que esta reforma tiene para la niñez, la adolescencia, las familias y la sociedad toda, en nuestro país.