En este sentido, y teniendo vigente una legislación migratoria que data del año 1975, promulgada durante la dictadura militar, es necesario y urgente adoptar un nuevo marco legal que cumpla con los estándares de derechos humanos, más aun, cuando nuestro país ha suscrito numerosos instrumentos internacionales que lo obligan a ello. 

El actual Proyecto de Ley de Migraciones, ingresado bajo la administración del Expresidente Sebastián Piñera Echeñique, el año 2013, se encuentra paralizado en el Congreso en primer trámite constitucional, de modo que surge la imperiosa necesidad de reactivar el proceso legislativo que la actual Presidenta comprometió en su campaña presidencial, y que no puede verse opacado por las actuales coyunturas que afectan a nuestra clase política. 

La entonces candidata Michelle Bachelet, incorporaba en su programa de gobierno que “(…) evaluaremos modificaciones a la legislación migratoria que cambie el enfoque actual, basado en una perspectiva de seguridad y de gestión de mano de obra inmigrante, por una perspectiva de inclusión, integración regional y un enfoque de derechos que aseguren la inserción efectiva de esta población al país y que permita una coordinación dinámica, cooperadora y eficiente de todos los entes públicos relacionados con la política migratoria”. 

Con motivo de lo anterior, y siendo la segunda cuenta pública de la actual administración, esperamos con expectación el anuncio legislativo que vaya en la línea trazada por el programa de Gobierno y que aspire a superar las falencias detectadas en el proyecto enviado a la Cámara por la administración anterior. Esto para lograr una Nueva Ley de Migraciones con un enfoque de derechos que vaya en sintonía con los compromisos internacionales que el Estado de Chile ha adquirido, y que hace urgente la actualización de nuestra actual ley de migraciones.