Por tercer año consecutivo se realizó el Día de Acción Contra la Trata de Personas, en esta ocasión con el lema “Haciendo Visible lo Invisible”. 

La jornada se desarrolló el jueves 8 de enero en el Salón de Honor del ex Congreso, en Santiago, y fue convocada por el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas, que reúne a 33 organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y embajadas de diversos países.

La Trata de Personas es considerada una forma de esclavitud moderna, ya que se presenta como una forma de violencia en la que se engaña y desplaza de lugar a las personas, negándoles sus derechos y dignidad. 

Según Naciones Unidas este delito afecta a millones de personas en todo el mundo, siendo una de cada cuatro de sus víctimas un niño o una niña.

El Jefe de la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Norberto Girón, calificó como estratégicos los avances del Estado chileno en los últimos años, a partir de la promulgación y vigencia de la Ley 20.507 del año 2011, conocida como la Ley Contra la Trata de Personas que adecuó el Código Penal al Protocolo de Palermo. También destacó la conformación de la Mesa Intersectorial de Trata de Personas y su Plan de Acción Nacional.

“A partir de cuyo trabajo con participación de la sociedad civil y representantes de diversos ámbitos del Estado, se ha logrado, entre otros, elaborar y aplicar un protocolo de atención a las víctimas de Trata de Personas”, ilustró el Jefe de Misión OIM en Chile.

No obstante, expuso que a cuatro años desde  la vigencia de la nueva legislación también es necesario evaluar su aplicación, para progresar en materia de legislación y políticas públicas, incorporando las propuestas del  Grupo de Trabajo Contra la Trata de Personas tanto para la Trata con fines laborales como de explotación sexual.

“Aumentar la protección de los derechos humanos de las víctimas del delito de la Trata de Personas, en particular relacionadas con la permanencia de las víctimas en el territorio nacional para su rehabilitación moral y psicosocial; y también en procura de una mejor colaboración suya con los órganos del Estado encargados de la persecución, juzgamiento y sanción de los responsables”, expuso Norberto Girón.

Un mayor resguardo de los derechos humanos de las víctimas incluye tanto ámbitos de salud física y mental, cobertura de sus necesidades de alimentación, techo y abrigo, así como ”del derecho a la asistencia legal, protegiéndolas de todo desamparo y amenazas”.

Otra de las recomendaciones es aumentar los recursos destinados a hacer frente a la Trata, dar continuidad a entidades que prestan servicios a las víctimas y crear centros de atención a las víctimas.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), su directora Lorena Fríes dijo a Foco Social que la Trata de Personas es un tema prioritario.

“De hecho tenemos la Ley que crea el Instituto, nos da atribuciones específicas para deducir acciones legales en casos de Trata. Y los protocolos internos, nosotros hemos hecho una definición que donde haya Trata ahí va a estar el Instituto tratando de, por un lado, proteger a las víctimas; y, por otro, deduciendo acciones legales para perseguir y combatir a quienes se benefician con la Trata”, explicó Lorena Fríes.

Junto a esto, relevó la articulación y acción colaborativa del Grupo de Trabajo Contra la Trata de Personas como espacio para hacer frente a violaciones de derechos humanos.

“Me parece que cuando se hacen las cosas entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, generalmente se recogen las experiencias que tienen las organizaciones no gubernamentales y que, desde ahí, se puede formular política pública en base a la experiencia. Así que creo que es una relación virtuosa y ojalá se repitiera en otros espacios y para enfrentar violaciones a los derechos humanos tan graves como la Trata”, expresó la directora del INDH.

“Chile exhibe la cifra de 186 víctimas en causas formalizadas en los últimos tres años y de no mediar acciones en contrario las tendencias demuestran este número podría aumentar”, señaló Carolina Garrido, Jefa de la División de Estudios del Ministerio del Interior.

Cifras que muestran una fotografía útil a la hora de implementar políticas públicas, pero que no ilustran la totalidad del problema, para Carolina Rudnick, abogada del Departamento de Crimen Organizado del Ministerio del Interior. 

“Tenemos plena conciencia de que hay otras causas que no se encuentran formalizadas, también sabemos que se encuentran en etapa de investigación, también  hay que ni siquiera se encuentran en investigación no han sido detectadas”, reconoció Rudnick.

Entre las víctimas de Trata, los niños, niñas y adolescentes son “los más dañados marginados y abandonados”, sostuvo Denisse Araya, directora de ONG Raíces en conversación con Foco Social.

“Ellas y ellos no se sienten víctimas de la situación, por tanto, nadie les identifica porque no están dentro del circuito básico de protección y nadie pone una presunta desgracia por ellas. De este modo, no se registran y no están en las estadísticas. Hay que buscarlas y acogerlas en un proceso, muchas veces, de largo aliento”, explicó Denisse Araya, agregando que la contención y la reparación del daño que han sufrido es posible “si les damos la oportunidad brindándoles apoyo, diversas posibilidades y, para ello se requiere creer en ellas y ellos”.

Sin embargo, la política de infancia para enfrentar esto es frágil, ya que la reacción intersectorial al servicio de la niñez víctima de Trata “pareciera ir torpemente más errática y victimizante”, según Carla Montecinos psicóloga y especialista que expuso desde la sociedad civil.

“La matriz relacional que nosotros le podemos ofrecer a los niños no es tan sólida como la matriz relacional que le ofrece el tratante, algo no estamos haciendo bien o algo no estamos haciendo a tiempo (...) No puedo exponer a un niño, a una niña o un adolescente que ha vivido toda la vida bajo la situación de violencia, la que sea, a más violencia. Si yo reparo violentando me debo preguntar qué es lo que estoy haciendo mal”, expuso la especialista.

Los desafíos son superar las prácticas vulneradoras, las múltiples entrevistas a los niños, niñas y adolescentes que hay sufrido esta violación de sus derechos; flexibilizar y responder a las subjetividades, realidades locales y contextos específicos de cada caso; rescatar el “saber hacer” de los especialistas; mejorar el sistema de información integrado entre las diferentes instituciones, sobre todo de justicia, para evitar la re victimización; tener campañas de sensibilización permanentes; y contar con cifras actualizadas, ya que sobre ESCNNA las últimas datan de hace más de diez años.

"Necesitamos que Chile asuma e incorpore dolorosamente  que Chile se explota niños, niñas y adolescentes y se trata internamente con mucha   regularidad, pero que no podemos dar cuenta de ello porque no tenemos cifras”, dijo Carla Montecinos.

La especialista de la OIM, Roselyne Borland, se refirió a la  importancia de la identificación para ayudar las víctimas de trata, así como de contar con protocolos de derivación y campañas de sensibilización.

Según Borland, la clave no sólo es tener conocimientos sobre la Trata, sino también que cualquier persona reaccione ante la sospecha de que “algo no anda bien”. En este sentido, es fundamental la acción de la sociedad en general “para romper las cadenas”. Pero se requieren herramientas para que la sensibilización tenga una dirección que sirva para detener esa vulneración de derechos, protocolos de derivación y difusión a la sociedad en general sobre a quién llamar, dónde denunciar cuando se sospecha que hay una persona siendo víctima de Trata.

Entre las complicaciones para identificar a las víctimas, la especialista de la OIM se refirió a dos tipos de casos: la resistencia de las personas a autoidentificarse como víctimas de Trata, lo que se daría principalmente en casos de Trata con fines de explotación laboral, en que pueden justificar o no reconocer el maltrato; y cuando es difícil distinguir a la víctima, confundiéndola con el criminal.

“Si la persona es forzada a realizar una actividad ilegal, por ejemplo, participar en el transporte de narcotraficantes, es posible que no se lo reconozca. Y esos son los retos enormes que enfrentan policías especializados, de distinguir víctima de victimario en un momento. Es muy común que fuercen a la persona en situación de Trata realizando un acto ilegal. Entonces, es muy importante encontrar abierto ese espacio para sospechar que esa persona tiene algo detrás, más allá de esa acción”, puntualizó Roselyne Borland.

Las captaciones o formas en que se reclutan a las personas para ser tratadas se producen “a través de internet, por contacto personal con el reclutador, utilizando mensajes de texto, a través de la publicidad gráfica y publicidad radial, por medio de la televisión, por avisos en el diario, por avisos informales en la vía pública y por agencias de empleo”, describió Carolina Rudnick.

En Chile se han detectado víctimas de diferentes nacionalidades, como la argentina, boliviana, colombiana, ecuatoriana, india, paraguaya, peruana, dominicana y chilena. Lo que demuestra que en la Trata no sólo hay desplazamiento de frontera y afecta a extranjeros, sino también dentro del mismo país.

También se ha podido determinar que el principal medio de transporte ha sido el avión, lo que muestra que las víctimas no necesariamente tienen una condición migratoria irregular.

“La mayoría de las víctimas de trata que han llegado a este país han tenido su condición migratoria regular, han ingresado con su pasaporte al día, con visas de trabajo o contratos tramitados en el exterior. Por lo tanto, no podemos caer en la ilusión de que un extranjero sólo por el hecho de estar regular en el país está absolutamente inmune a ser víctima de Trata”, observó Rudnick.

Desde el Gobierno se anunció para este mes la publicación y lanzamiento de la primera guía de buenas  prácticas para la investigación para delitos de trata y se reafirmó el compromiso para hacer frente a este delito.

“Un delito de dimensión internacional que exige la cooperación internacional. Uno de nuestros compromisos, desde la subsecretaría, es fortalecer la formación policial y la disposición a mostrar sus recursos”, indicó Carolina Garrido, Jefa de la División de Estudios del Ministerio del Interior.