A 25 años de la promulgación de la Convención de los Derechos de la Niñez, Chile todavía mantiene grandes deudas; algo que pone en evidencia el libro "Auditoria social de Niños, Niñas y Adolescentes: Es tiempo de Derechos", investigación de cuatro años realizada por distintas organizaciones de la sociedad civil de centroamérica y latinoamerica.
El trabajo, presentado por la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile, uno de los organismos encargados de llevar a cabo la auditoría, muestra la visión que tienen los niños, niñas y adolescentes, entre 6 y 18 años, de 9 países de la región.
Un ejercicio de participación que muestra que las necesidades y preocupaciones de los niños y niñas son transversales, y que temas, como el respeto a los derechos ecológicos, la violencia social y la estigmatización que sufren los adolescentes, quienes son vistos como un factor de peligrosidad y amenza hacia el orden establecido, se repiten.
“Chile tiene una deuda”
En el caso de nuestro país, los NNA mostraron su preocupación por la situación vivida en la araucanía, donde los niños están sometidos y violentados constantemente por los organismos del Estado. También destacaron la necesidad de crear espacios para estar en familia, algo que las malas condiciones laborales, y las extenuantes jornadas de trabajo de los adultos, hacen difícil cumplir.
Daniel Briones, representante de los NNA, y uno de los asistentes al lanzamiento que se desarrolló en el ex Congreso Nacional, destacó la iniciativa como una “real instancia de participación” y como “una oportunidad para alzar las voz y decir que nuestros derechos están siendo vulnerados”.
A juicio de Nury Gajardo, vocera de la Red de ONGs de Infancia y Juventud, el documento, que será presentado por una delegación chilena ante el Comité de Naciones Unidas en enero, demuestra que “no estamos a la atura de este tratado internacional”, y que si bien llegamos a conclusiones necesarias, como que la participación es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la niñez, existen grandes desafíos pendientes. “Este informe nos anima a luchar por un marco legal adecuado y por la ansiada Ley Integral de Niñez y Adolescencia. La verdad que tenemos mucho por hacer, porque no es suficiente elevar un informe alternativo, sino que esto tiene que impactar en quienes tienen que tomar las decisiones”, dijo.
