Luego de catorce meses desde su ingreso al Congreso de la República, ayer 23 de Noviembre la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley sobre sistema de garantías de derechos de la niñez. Según informó la Presidenta de la Comisión, Denisse Pascal, el proyecto debe pasar a la Comisión de Hacienda y, enseguida, a la Sala para su aprobación en primer trámite constitucional. Asimismo, señaló que los diputados esperan que el Ejecutivo mantenga la suma urgencia con la cual se ha discutido este proyecto hasta su completa tramitación en el Senado.
Durante la sesión fueron aprobados los dos últimos títulos del proyecto, que enuncian genéricamente la institucionalidad pública del sistema y regula el establecimiento de políticas nacionales decenales y sus planes de acción respecto de la niñez. Se trata, en general, de normas programáticas que procuran la articulación y coordinación de los diversos órganos del Estado y su responsabilidad en los diversos niveles de acción que la protección de los derechos de los niños requiere.
Con todo, la fisonomía del proyecto fue determinada algunas semanas atrás cuando el Ejecutivo logró acordar con los diputados cambios profundos al título III del proyecto, sobre protección administrativa de los derechos. En opinión de todos los actores –instituciones y organizaciones de la sociedad civil, especialistas e, incluso, los mismos agentes del Ejecutivo en otro momento– esta materia era el componente definitorio de todo proyecto de garantías a los derechos, pues identificaba órganos, funciones, acciones y medidas de protección concretas para hacerlos valer. Sin embargo, por razones principalmente presupuestarias, el Ejecutivo no pudo sostener su propia iniciativa y negoció con la Comisión la reducción de esta normativa hasta hacerla ligera e irreconocible, al despojarla de mecanismos y herramientas tendientes al amparo efectivo de los derechos. Tampoco el proyecto contiene órganos ni competencias territoriales para la protección de los derechos, solo conserva normas y principios generales y referencias inespecíficas a las medidas “establecidas en la ley”, sin establecer ninguna, con lo cual el proyecto no implica aporte o cambio relevante en relación a la actual realidad de protección.
Por otra parte, el proyecto aprobado condiciona la entrada en vigencia de estas escuálidas normas a la aprobación del Servicio Nacional de Protección Especializado, que la Presidenta ha comprometido ingresar dentro de este año 2016. Junto con esta injustificada postergación, que nuevamente deja a la niñez en compas de espera, se evidencia una reducción de la mirada del Ejecutivo y de los legisladores a la llamada “protección especial” de los derechos, contradiciendo la declarada visión integral y universalista que ha inspirado un proyecto de esta naturaleza.
Sin perjuicio de destacar los avances doctrinarios del proyecto en materia de derechos humanos de la infancia, coincidieron en que, en términos prácticos, “este es un proyecto de garantías sin garantías”, y lamentaron especialmente que un proyecto que ha despertado grandes esperanzas en la ciudadanía y que ha significado un inmenso despliegue de energías y aportes públicos, de la sociedad civil y de los mismos niños y niñas de Chile, se subordine a criterios financieros de cuya imprevisión nadie se hace responsable y que, finalmente “su producto normativo quede reducido, al menos en esta instancia, a un conjunto de enunciados declarativos, buenas intenciones y mandatos legales “de papel” para el Estado y sus organismos, con mínima eficacia práctica para la protección de los derechos”.
Los dirigentes expresaron la voluntad de las comunidades y organizaciones que trabajan la promoción de los derechos de la niñez de continuar trabajando en las siguientes etapas del proceso legislativo para una mejora sustancial del proyecto.
