Santiago, 25 noviembre 2016
Diputada Denise Pascal Allende
Presidenta
Comisión de Familia y Adulto Mayor
Presente
Presidenta, por su intermedio hemos considerado necesario expresar una opinión sobre la discusión en particular del Proyecto de Ley de Sistema de Garantías y Derechos de la Niñez, la que viene de concluir en vuestra Comisión.
La aprobación por unanimidad de la idea de legislar respecto de un tan débil proyecto, nos hizo en su momento temer lo peor, vale decir, que no sería posible la incorporación de mejoras sustantivas, no obstante, las casi 600 indicaciones, donde la mayoría de ellas recuperaban inquietudes largamente instaladas en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, abrió posibilidades para que, más allá de las banderías políticas, un número mayoritario y transversal de Diputadas y Diputados buscaran un fortalecimiento de dicho proyecto de ley.
Lo vivido en el debate de los Títulos I y II, mostró que, a pesar de las resistencias del Ejecutivo y de las constantes amenazas con la “inadmisibilidad” o, con imponer limitaciones al debate, la comisión logró mejoras importantes en el articulado. Notable fue la unanimidad lograda para rechazar la reinterpretación del Ejecutivo sobre el principio de efectividad con lo relativo a la “disponibilidad presupuestaria”, relevante fue que quedará explicito el Principio de Prioridad, por ejemplo.
De igual manera, la discusión sobre los derechos reforzó contenidos del articulado, aun cuando, la mano de la inadmisibilidad impidió ser claros y precisos en determinar las responsabilidades de cada Ministerio y Servicio, en el reconocimiento efectivo de derechos y en los mecanismos de garantías. Por lo mismo, la efectividad de las garantías no será de fácil y evidente aplicación, por cuanto se viene a establecer la lógica fatal que abarca a muchas políticas públicas, a saber, cuando todos son responsables de todo, nadie es responsable de nada.
Dicho lo anterior, no podemos dejar de manifestarles nuestra profunda decepción e indignación por el acuerdo al que llegaron con el Ejecutivo respecto de los otros Títulos, en particular respecto del Título III.
Como ustedes también lo saben, allí se jugaba la posibilidad de que el “sistema” enunciado desde el título de este proyecto, fuera realidad, que la “desjudicialización” tantas veces declarada, se concretara, que la gran reforma esperada, cuya base doctrinal en los Títulos I y II se había logrado reforzar, permitiera configurar un sistema de protección integral sólido, robusto, donde el Estado asumiera realmente su rol de garante de los derechos de la Niñez. Las negociaciones, encerradas en las oficinas del Ejecutivo y del Parlamento, dieron como resultado un proyecto de ley con Título y cabeza de león pero, con cuerpo de minino.
Lo que no deja de ser paradojal es que, en los mismos acuerdos que redujeron a su mínima expresión el Título III, se anunció que el Ejecutivo presentaría otro proyecto de ley para paliar dicho vacío y, al cual, ahora sí, se le pondrían los recursos que este no tiene. Sin embargo, en sesión del 23 de noviembre, nadie en la Comisión le recordó al Ejecutivo este compromiso. Peor aún, la vigencia del mermado Título III, ustedes han decidido dejarla amarrada, en el tercero transitorio, a la entrada en funcionamiento de un hipotético Servicio Nacional de Protección de la Infancia (decimos hipotético porque, tal idea la hemos venido escuchando desde 1990 a la fecha, con un proyecto de ley fracasado en su tramitación, presentado el año 2012). Este amarre es sencillamente absurdo.
Lamentamos no poder agradecer el trabajo realizado dado que, finalmente, lo que queda para la historia es que no existió la voluntad política para hacer lo que correspondía hacer, por tanto, la ciudadanía tendrá que seguir financiando debates sobre otros supuestos proyectos de ley y, la niñez en nuestro país tendrá que seguir esperando algunos años más (que se sumarán a los 26 años ya transcurridos) para llegar a tener, realmente, un sistema de protección integral que se haga cargo de hacer efectivos derechos que, en este proyecto de ley, han quedado sólo a nivel del discurso.
Considerando la legislación comparada, lo que constatamos como resultado hasta el presente, es que estamos ante la más débil ley de protección a la infancia, respecto de todas las vigentes en América Latina.
Le saludan y, por su intermedio, a toda la Comisión, Nury Gajardo, Vocera; José Andrés Murillo, Vocero; Delia del Gatto, Vocera; Francis Valverde, Vocera; Nicole Romo, Vocera; Alejandra Riveros, Vocera y Jorge Martínez, Secretario.
BLOQUE POR LA INFANCIA
