1.- El Servicio Nacional de Menores fue creado como tal el año 1979, ante la necesidad de organizar y concentrar por una parte, la atención entregada de manera dispersa y desarticulada por diversas instituciones del Estado (que atendían al 27% de niños y niñas), y por la otra, para organizar y regular la labor de instituciones filantrópicas, caritativas y de beneficencia que venían por años, atendiendo las carencias de niños, niñas y jóvenes (correspondiendo al 73% restante).

2.- Los Organismos no Gubernamentales (ONG´S) de diversos credos e inspiración, se han hecho cargo de las graves problemáticas que aquejan a los niños, niñas y jóvenes, desde los orígenes de la República, en épocas donde la pobreza, la marginalidad, la negligencia y el abandono alcanzaban cifras extremas en infancia.

3.- El año 1990, Chile ratifica por la unanimidad del Parlamento la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En este contexto, nuevamente las ONG´s cumplen un rol pionero en formular e implementar, como alternativa a los “hogares”, Programas y Proyectos ambulatorios para abordar, de manera innovadora y efectiva, y sin separar a los niños, niñas y jóvenes de su familia y comunidad, las diversas problemáticas que les afectan. Esto posibilitó un proceso paulatino de desinternación, disminuyendo el porcentaje de niños, niñas y jóvenes internados en “hogares”, pasando de un 67% de niños/as internados en 1990 a un 7% en 2016. Es aquí que la atención Programática ambulatoria implementada al día de hoy por las ONG´s, permite que un 93% de los niños, niñas y jóvenes de la red SENAME (un poco más de 110.000 diariamente) reciban atención psico-socio-jurídica junto a sus familias y en su medio comunitario.

4.- Las organizaciones de la sociedad civil, sin fines de lucro, hemos puesto a disposición del Estado modelos y metodologías ambulatorias destinadas a dar atención a niños, niñas y jóvenes víctimas de gravísimas vulneraciones a sus derechos tales como : abuso sexual, explotación sexual comercial infantil, maltrato infantil grave, negligencia grave, abandono, peores formas de trabajo infantil y niños/as en situación de calle. De igual manera, nuestra experiencia forjó iniciativas en Prevención (todas ellas cerradas el año pasado por SENAME), en Promoción e Derechos, en el desarrollo de las Oficinas de Protección de Derechos (OPD), incluso en el diseño del Chile Solidario y del Chile Crece Contigo. Las ONG´s que trabajamos en infancia nos hemos hecho un camino que ha transitados desde un enfoque de caridad y asistencia a la restitución de derechos, desde la beneficencia a la especialización, desde la tutela formal y burocrática, a la pro-actividad y el compromiso.

5.- La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, obliga a los Estados que la han ratificado (Chile incluido), a dar cumplimiento al compromiso de garantizar que todos los Derechos allí consagrados sean una realidad para la niñez, así lo señala su artículo 4° explicitando que los Estados deberán adoptar “(…) todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos (…)”

6.- Dicha obligación implica una serie de transformaciones estructurales que conduzcan a la implementación efectiva y no sólo discursiva, de un sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Jóvenes. Ese sistema requiere de una Ley de Protección o de Garantías de Derechos, exige desarrollar un Sistema de Protección Administrativo y Judicial, diferenciado, especializado, con potestad y de fácil acceso en lo local, para niños/as y sus familias; exige también una Protección Social Universal, así como un Sistema de Protección Especial y de restitución de derechos para los niños/as más gravemente vulnerados;  supone también un sistema de justicia juvenil especializado. Este sistema de protección integral de los Derechos de niños, niñas y jóvenes, comprometidos por el Estado de Chile en 1990, lleva 26 años esperando.

7.- Es en el mencionado “Sistema de Protección Especial”, con sus derechos y acciones reforzadas, donde debiense estar enmarcado el trabajo que desarrolla el actual Servicio Nacional de Menores y su red de ONG´s. Ese sistema de Protección Especial, contando con el apoyo de todos los otros Sistemas, debiese estar a cargo de un Organismo Público Especializado, apoyándose, como la precitada Convención lo señala, en la labor de las ONG´s. Es un hecho evidente que sin el trabajo de los cientos de organizaciones sin  fines de lucro de la Sociedad Civil y de su más de 16 mil trabajadores en todo el país, la labor del Estado de Chile y la situación de la infancia vulnerada en sus derechos, serían aún más complejas y las respuestas a la misma, mucho menos efectivas.

8.- Recientemente, hemos sido informados que se está preparando un Proyecto de Ley para la  generación de un Servicio Especial que sustituirá el actual SENAME. Lo que estaría en discusión, es si este nuevo Servicio sería solo para atender a niños/as privados de sus familias, es decir en Residencias, o si se mantendrá también la oferta Programática ambulatoria, vale decir la atención especializada a niños, niñas y adolescentes víctimas de diversas formas de violencia, que permanecen en su medio familiar y comunitario.

9.- En relación a este punto, creemos que la idea de generar un Servicio de Protección Especial sólo para atender a niños/as en Residencias no es una solución viable ni técnicamente sostenible. Esto significaría crear una institucionalidad de carácter nacional para atender a solo el 7% de los niños/as  que requieren de asistencia y protección, abandonado al 93% de quienes reciben, junto a sus familias, intervenciones especializadas destinadas a detener situaciones de violencia y fortalecer las capacidades de cuidado y protección de las familias. La idea de que estos Programas Especializados se alojen en distinto Ministerios es retroceder en materia de políticas públicas para la niñez,  regresando al modelo existente hasta 1979, mucho antes de que Chile ratificara la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. Más grave aún, es creer que las situaciones de violencias que enfrentan los niños y niñas, no requieren de intervenciones especializadas, multidisciplinarias y que resguarden la integralidad e interdependencia propia de los procesos de reparación y restitución de los derechos de niños/as.

10.- Necesitamos de manera urgente modernizar el sistema, contando con un Servicio de Protección Especial, que se ajuste al cumplimiento de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño. Esto es, que cuente con una oferta Programática amplia y flexible, adecuada a la necesidad de niños y niñas, que considere las variables regionales y territoriales, un sistema Residencial en el que puedan gozar del más alto nivel de vida posible, un sistema Ambulatorio altamente especializado y profesionalizado, que repara y restituya derechos, activando las capacidades protectoras de las familias, removiendo obstáculos y generando capacidades para una vida libre de violencia.

Para el desarrollo de esta iniciativa, las Organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, estamos como siempre dispuestas a trabajar con nuestros equipos profesionales especializados, y a poner el conocimiento y experticia acumulado por años, al servicio de los niños/as.

11.- Nos asiste la convicción que una respuesta restrictiva y regresiva, del tenor de la que hemos sido informados recientemente, incumpliría gravemente los compromisos del Estado de Chile en materia de los derechos de los niños/as y jóvenes a contar con  un Sistema de Protección Especial acorde a la Convención,  poniendo en evidencia la improvisación, la falta de coherencia, y la carencia de sentido estratégico en la acción pública en infancia.

12.- Finalmente, queremos expresar nuestra sensación de injusticia al ver la falta de reconocimiento de nuestra labor por parte de algunos sectores del Ejecutivo y en algunas/os parlamentarias/os. Sin embargo y a pesar de ello, declaramos y reafirmamos nuestro compromiso histórico con los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, y nos sentimos en la obligación de ser su voz ante un Estado, que más allá de los discursos políticamente correctos, no ha sabido atender sus derechos, sus necesidades y sus urgencias.