El año 1994 (1) Oriana Zanzi, la ex Directora Nacional del Sename y actual experta de UNICEF, explicaba ya entonces que los grandes desafíos estratégicos desde el Estado, para hacer efectivo los derechos de la infancia en Chile, pasaban por potenciar políticas universales, adecuar nuestra legislación a la Convención de los Derechos del Niño, adecuar la institucionalidad, empezando por contar con una entidad que asuma la coordinación global, generar un sistema de bienestar a nivel local, rediseñar SENAME, pasando sus funciones en protección a dicho sistema local (incorporando Regiones y Municipios) y especializando al Servicio en Justicia Juvenil y Adopción.
Sin haberse concretado tal reforma, seis años después encontramos nuevos vientos de cambio: “En junio del 2000, el Presidente Lagos anunció la reforma de nuestro sistema de atención a los niños y jóvenes, separándolo del sistema de atención a los jóvenes infractores de ley…” (2) y, en ello trabajó intensamente un Grupo de Trabajo Interministerial. Esta reforma no se concretó, lo que sí conocimos en esos años, fue la Política Nacional de Infancia y su Plan de Acción 2001-2010, instrumentos que tuvieron una corta vida y, el proceso de un “SENAME en reforma”, en una búsqueda propia por reorientar y mejorar su oferta de Programas Ambulatorios y dar forma a una nueva ley de transferencias (la Ley 20.032), preparándose para la gran reforma.
Entonces en abril del 2006, la entonces Presidenta Michelle Bachelet conformó un “Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia”, en junio dicho Consejo levantó una acabada propuesta en pro de la generación y gestión de una gran reforma para conformar un “Sistema de Protección Integral a la Infancia”, ello muy en línea con lo ya propuesto por el Grupo de Trabajo Interministerial del 2000-2001. En dicho marco, por supuesto, la reforma del SENAME se volvía a explicitar.
Como esta gran reforma de nuevo no prosperó pero, alguna respuesta se debía tener frente a la necesidad y propuestas de cambio del Consejo Asesor, en octubre del 2006 desde el Ejecutivo se dio nacimiento, al alero del Programa Chile Solidario, al Programa Chile Crece Contigo (3), orientado a primera infancia y pobreza. Ambos Programas se transformarían en septiembre 2009, en dos “Subsistemas” dentro de la Ley 20.379 que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social bajo dirección del entonces, MIDEPLAN. A su vez, respecto del SENAME, en noviembre del 2007, se firmó entre Gobierno y Oposición un “Acuerdo Político Legislativo en materia de Seguridad Pública” que, en uno de sus puntos señaló: “El Gobierno, a más tardar el mes de junio de 2008, enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley que introduzca cambios de fondo al Servicio Nacional de Menores”.
Como pasó junio y, ni la gran reforma, ni los “cambios de fondo” del SENAME llegaron, el año 2010 el ex Presidente Piñera informó al Congreso Nacional en su cuenta anual que: “se apoyará y trabajará la iniciativa interministerial que permita dar lugar al nuevo sistema de protección a la infancia…” donde, de nuevo, estaba incorporado el rediseño del SENAME con la creación de dos nuevos Servicios. Estas reformas quedaron entrampadas en el Congreso, dado que el Gobierno de entonces tuvo una visión en extremo minimalista de lo que debía ser tal sistema (al punto de considerar que un criterio fundamental es que no implicara recursos frescos (4). El debate parlamentario desnudo estas falencias (incluso para quienes eran diputados oficialistas), e hizo fracasar las iniciativas.
En vista de este nuevo fracaso, todos los candidatos presidenciales prometieron, el año 2013, reformas en infancia con vista a generar un sistema de protección integral.
En el Mensaje Presidencial del año 2014, la Presidenta Michelle Bachelet, destacó la conformación del Consejo Nacional de la infancia, a tres días de asumir su nuevo mandato, justamente para dar una señal de la prioridad que tendría la infancia en los cambios por venir y explicitó que: “con respecto a la situación del SENAME, llevaremos adelante su reforma que nos permitirá una nueva institucionalidad…”.
En septiembre del 2015, el Gobierno presentó un proyecto de Ley de Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez (4to proyecto conocido entre el 2005 y el 2015), este proyecto estaría destinado a generar el sistema de protección integral tantas veces anunciado y tantas veces no concretado pero, el proyecto no se correspondió con lo compartido con los organismos de la sociedad civil y, el informe financiero de dicho proyecto detalló que: “El presente proyecto no involucra mayor gasto fiscal”. Vale decir, volvemos a fojas cero. Por cierto, en este nuevo intento, aún en debate en el Congreso, está también considerada la generación de un nuevo proyecto de ley que termine con SENAME.
En abril 2016, fallece trágicamente una niña de 11 años en un centro de administración directa del SENAME (en protección, hay sólo 10 de estos centros en todo el país) y se desatan los discurso por la prensa: “hay que hacer desaparecer SENAME” (Diputado Saffirio), “Es necesario poner un freno a la crisis que vive el Servicio Nacional de Menores” (Senador Navarro), “La división del SENAME es un hecho” (Estela Ortíz, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia).
La efervescencia y las ansiedades producidas, ha generado una inevitable mención en el Mensaje Presidencial de este año 2016, así se explicita que, en infancia: “Debemos avanzar a un nueva institucionalidad más eficaz. Sabemos que este es un tema complejo y que requiere intervenciones integrales. Chile debe legislar. Pero debemos partir mejorando sin demora lo que tenemos. En primer lugar, aliviaremos la carga de la institución encargada, traspasando algunas tareas a otros organismos públicos… propondremos al Congreso… la creación de un Servicio de Reinserción Social y transformaremos al SENAME en el Servicio Nacional de Protección de Menores”.
Se dice que el SENAME está sobrecargado en sus responsabilidades, puede ser, (también lo están los Tribunales de Familia) pero, ello es, ni más ni menos, el resultado del interminable anuncio de reformas de fondo que, los sucesivos Gobiernos y Parlamentos, han sido incapaces de concretar. Ahora resulta que, una forma de mejorar sería desembarazando a SENAME de parte de lo que realiza en el ámbito ambulatorio, traspasándolo a otros Ministerios y Servicios.
Hoy el rumor (porque nada es claro), es que las OPD y las Familias de Acogida se irían a Desarrollo Social, que los Programas de Diagnósticos a Médico Legal, que la Prevención a Educación, que los programas de Representación Judicial a Justicia, vía Corporación de Asistencia Judicial y, no se sabe aún cuales otros seguirían este camino, todo en función de alivianar la carga del SENAME (para... ¿cargársela a otro que no es parte del tema?). Es decir, volveremos al año 1978, donde lo que se hacía en infancia, estaba disperso en distintos Ministerios y Servicios, ¿no será mucho?.
Llevamos 26 años tratando de mejorar “sin demora” lo que hay y, ciertamente se han hecho cosas importantes, sobre todo en la innovación de las intervenciones ambulatorias a nivel local pero, la necesidad imperiosa de cambios legales e institucionales de fondo, que cuenten con los recursos y apoyos suficientes para hacer viable la generación de un sistema de protección integral, sigue sin llegar. Lo dramático es que, la no realización de esta reforma de fondo, hace que lo bueno que pueda haberse generado en estos 26 años, aparezca a corto andar como insuficiente, inadecuado, sobrepasado. De igual manera, el esfuerzo de miles de profesionales y técnicos de las ONG´s, de Tribunales y del mismo SENAME, aparece desvirtuado y con ello, la vida de miles de niños y niñas sometidas a un doble estrés.
En el mundo de las ONGs es hoy una convicción profunda que, sólo al interior de esta gran reforma anunciada ya hace años, las transformaciones requeridas por el SENAME adquieren sentido, coherencia, efectividad y eficiencia. Sin dicho cambio, lo que se haga, será más de lo mismo que se ha hecho por años y ello porque el SENAME ha vivido en cambios constantes casi del mismo momento en que nació, en 1979, cuando tenía como uno de sus objetivos explícitos la magna tarea de ayudar a superar la dispersión(5) de lo que entonces realizaban, lo público y lo privado, hacia la niñez en nuestro país.
(1) Ver en “Infancia en riesgo social y políticas sociales en Chile, Documento VII: La infancia en riesgo social: conclusiones y propuestas”. Oriana Zanzi, Instituto Interamericano del Niño, Montevideo, 1994.
(2) Documento: “Propuesta Preliminar del Grupo de Trabajo Infancia en el contexto del proyecto de reforma y modernización del Estado”, 30 octubre 2001. En dicho documento, se propone el rediseño completo del SENAME y se delinea la reforma de la institucionalidad para la infancia.
(3) El Chile Crece Contigo, es el resultado directo del trabajo que realiza, entre junio-octubre 2006, el Comité Interministerial de Ministros y Ministras, otra instancia nombrada por la Presidenta y que, bajo conducción del MIDEPLAN, revisó los resultados del Consejo Asesor Presidencial, y de ellos extrajo aspectos para el diseño, formalmente hablando, del Programa Chile Crece Contigo. Ver: “4 años creciendo juntos. Memoria de la instalación del Sistema de Protección Integral de la Infancia”, Chile Crece Contigo, 2006-2010.
(4) Solicitud del ex Ministro Joaquín Lavín a los organismos de la sociedad civil que participaron en las discusiones al respecto. Ver página WEB de Achnu-Prodeni, “Mesa Técnica del Gobierno y Sociedad Civil entrega al Ministro Lavín propuesta de Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia”, enero 2012
(5) La fragmentación o dispersión institucional (junto a la constatación de inadecuación de lo existentes, respecto de la Convención), ha sido un elemento constante de un diagnóstico compartido, desde esos años hasta el presente, de allí la insistencia de poder contar, legalmente hablando, con un “sistema de protección integral”, de allí la necesidad de un “ente rector” o “autoridad central” en la materia que tenga una mirada de Estado (porque un Servicio focalizado como Sename, no puede ser tal autoridad), de allí la discusión sobre lo intersectorial e interinstitucional, de allí la exigencia por ley, de derechos reconocidos con mecanismos concretos de garantía desde los Ministerios y Servicios (en el marco de un sistema, deben hacerse responsables), de allí la necesidad de construcción de una autoridad administrativa en lo local y la prioridad de esta respecto de lo judicial (la prueba empírica de si el sistema de protección integral funciona o no, estará en esta construcción y relación), de allí la necesidad de participación de los organismos de la sociedad civil en estructuras concretas y con poder para hacerse oír (porque, la dispersión e inadecuación no es sólo de lo público), etc. etc.
