La Comisión Interamericana manifiesta su preocupación ante la situación de desigualdad estructural que enfrenta la población afrodescendiente en la región debido a la persistencia de normas y prácticas institucionales que impiden el ejercicio pleno de sus derechos económicos, sociales y culturales básicos. La CIDH ha destacado que la concentración de grupos étnico-raciales dentro de la población más afectada por la pobreza en la mayoría de países de la región, la precariedad en los indicadores relativos a condiciones básicas de vida digna como mayores tasas de mortalidad infantil, menor esperanza de vida, bajo nivel de ingresos y nivel ocupacional en comparación con el resto de la población revela una situación de discriminación sistemática.

En dicho marco, la situación de las mujeres, adolescentes y niñas afrodescendientes en el hemisferio es apremiante. Las mujeres afrodescendientes se encuentran entre los grupos sociales más marginalizados de la región, sus posibilidades de acceso a educación, empleo y salud son limitados, y enfrentan múltiples obstáculos para acceder a los servicios necesarios en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. La mayoría de las mujeres afrodescendientes se desempeñan en tareas domésticas, de escasa remuneración y precarias condiciones laborales, sin beneficios de seguridad social, y tienen dificultades para acceder a los permisos de trabajo, especialmente, las mujeres migrantes. Igualmente, la CIDH ha constatado que las mujeres afrodescendientes, en comparación con el resto de las mujeres, se encuentran notoriamente sub representadas en las instancias de decisión y participación política. Las mujeres  afrodescendientes se ven afectadas de forma particular por los conflictos armados y territoriales, incluyendo el problema del desplazamiento forzado, por la falta de un respeto adecuado del derecho a una consulta previa, libre e informada, y al constituir un alto porcentaje de las mujeres cabezas de familia en dichos contextos.

A su vez, la CIDH destaca como las mujeres afrodescendientes viven la violencia de forma muy particular.  La Comisión advierte que uno de los principales desafíos que enfrentan las mujeres afrodescendientes es la violencia institucional que sufren a manos de autoridades públicas y judiciales que no comprenden su cosmovisión, tradiciones y cultura. La violencia institucional también es dirigida a organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres afrodescendientes.

“Los deberes de prevención y atención a la violencia contra las mujeres afrodescendientes se ven acentuados para las mujeres que se encuentran privadas de su libertad, en condiciones de detención o bajo custodia policial”, dijo la Relatora de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, la Comisionada Margarette May Macaulay. “Estas situaciones aumentan su riesgo a sufrir formas de violencia física, psicológica y sexual, atentando contra su derecho a la integridad personal y su vida, entre otros derechos humanos”, agregó.

En el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, la Comisión Interamericana hace un llamado para que los Estados realicen un esfuerzo por fortalecer programas sociales que establezcan medidas positivas para remediar los efectos persistentes de la discriminación racial pasada y las formas contemporáneas de exclusión. La adopción de medidas especiales es esencial para reducir las disparidades en el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de personas y pueblos afrodescendientes. A su vez, es fundamental que los Estados adopten políticas que reflejen las necesidades de las mujeres y niñas afrodescendientes y que faciliten espacios en donde ellas puedan participar en el diseño de legislación, programas y servicios pertinentes a sus vidas y realidades. La CIDH también recuerda el deber de los Estados de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas afrodescendientes. La CIDH a su vez urge a los Estados a crear condiciones favorables para el ejercicio de los derechos de las mujeres afrodescendientes y para detener el efecto continuo y destructivo de la pobreza, incluyendo mayores oportunidades de educación, y empleo decente y de calidad. 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.