El Bloque por la Infancia ha apoyado en varias ocasiones impulsar la Ley de Garantías de Derechos para Niños y Adolescentes que promueve el Ejecutivo. Eso hasta que el Gobierno decidió poner suma urgencia a la iniciativa.

La determinación generó que el bloque -que integran instituciones como Fundación Mi casa, dirigida por la ex directora del Sename, Delia del Gatto; la Comunidad de Organizaciones Solidarias, representada por Alejandra Riveros; o la Fundación para la Confianza, encabezada por José Andrés Murillo- calificara el hecho como "absolutamente imprudente".

Señalan que es necesario mejorar un proyecto que todavía es deficitario, y critican que se haya tomado esa decisión, a sabiendas de que solo para los primeros 20 artículos de la ley (de un total de 49) había más de 304 indicaciones.

"Nos parece inaceptable que se limite por la vía de la suma urgencia una discusión amplia, a fondo, seria y con contenidos", dicen.

El proyecto, tal como lo explicó en agosto pasado la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, Estela Ortiz, "cambia la relación del Estado con los niños; de una relación de poder, de ver al niño como objeto de políticas, a transformarlo en una persona válida por sí misma". También señaló en esa ocasión que el cuerpo legal enfatizaría en que los menores son "sujetos de derecho", así como en la defensa del "interés superior del niño".

Lo que provocó debate en un principio fue el anuncio de que se buscaría garantizar la intimidad de los niños, lo que permitiría que mantuvieran comunicaciones privadas sin intromisiones arbitrarias o de terceros, lo que luego se matizó en el proyecto final.

El vocero del Bloque por la Infancia, José Andrés Murillo, dijo a "El Mercurio" que desde hace 25 años Chile viene luchando por implementar una ley de garantías para la infancia, pero señaló: "Nosotros dijimos desde el principio que hay temas en los que debe haber modificaciones sustanciales para que la ley salga. Por ejemplo, el hecho de que se esté condicionando toda la garantía de derechos de los niños al presupuesto que tenga cada servicio; es decir, se pone un criterio negativo a la ley".

Asimismo, el presidente de la Fundación Ciudad del Niño, José Pedro Silva, afirma que "respecto del rol de los padres y madres como orientadores, responsables y guías en el ejercicio de los derechos de la infancia, lamentamos que su autoridad se vea "debilitada" frente a derechos como el desarrollo de la vida privada de los niños, en el marco de la autonomía progresiva que consagra el texto legal".

En su opinión, "ello no se condice con el rol propio de la autoridad paterna. Lo anterior requiere de una mayor explicitación y fortalecimiento en el proyecto propuesto".

Otro de los reparos es planteado por Alejandra Riveros, de la Comunidad de Organizaciones Solidarias (Aldeas SOS). Ella plantea que se requiere de ajustes y mejoramientos sustantivos. "Nos interesa que esta sea una ley de protección integral a la infancia, no una ley de protección solo dirigida a los niños más vulnerables", afirma.

Uno de los aspectos que agrega Silva es que "las organizaciones de la sociedad civil ejecutan el 95% de la oferta de programas para niños, niñas y jóvenes del Sename, pero el proyecto no explicita el rol que tendremos en el nuevo sistema ni los presupuestos asociados".

Tampoco -dice- hay luces sobre la estructura, atribuciones y especialización en la protección de derechos, "elementos centrales para abordar, tanto las situaciones de vulneración como las de infracción a la ley por parte de adolescentes".