La semana pasada el INE nos dijo –al fin– cuantos chilenos somos, y también entregó cifras sobre los migrantes que residen en el país. La tasa de migración creció 160% en la última década y, de acuerdo a las cifras oficiales del Departamento de Extranjería y Migración, actualmente en Chile hay cerca de 440.000 migrantes, cifra que se ha cuadriplicado en los últimos cuarenta años. Muchos de ellos son niños y niñas que se encuentran en Chile a causa de la migración voluntaria o forzada de sus padres, lo que los expone a una nueva vida, costumbres, amigos y, por supuesto, un nuevo colegio, que debe estar preparado para facilitar y garantizar el derecho a la educación, entre otros derechos básicos.

¿Cuál es la diferencia entre un niño chileno y uno peruano, colombiano, haitiano o dominicano? El año 2005 Chile ratificó la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares, que establece que “todos los hijos de los trabajadores migratorios gozarán del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de que se trate”. Pues bien, no existe ninguna diferencia entre los niños y niñas de distintos países. Todos y todas tienen las mismas capacidades y sueños, por lo tanto pueden y deben acceder a la educación en igualdad de condiciones. Sin embargo muchas veces son víctimas de abusos y discriminaciones.

Desde el año 2003 que existe un instructivo del Ministerio del Interior que facilita el acceso a una visa o permiso de residencia para estudiantes de cualquier edad, sin embargo hasta la fecha el Estado de Chile continúa considerando la situación migratoria irregular de los padres como una causal para rechazar la solicitud de visa del estudiante, otorgando mayor importancia a una lógica de seguridad nacional (que está detrás de la actual ley de migración), por sobre el derecho básico a la educación de un niño/a. Esta marginación es contradictoria con el principio que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de cual se desprende que la calidad migratoria irregular de los padres no puede nunca significar la irregularidad de sus hijos.

El Estado no sólo debe mejorar los mecanismos para que los niños y niñas puedan acceder sin mayor tramitación a un permiso de residencia y al efectivo goce de sus derechos, también debe fomentar una educación intercultural para evitar situaciones de discriminación en razón de la nacionalidad, el idioma o el color de piel. Debemos educar en la diversidad y la inclusión, entendiendo que son elementos que enriquecen el proceso educativo de los niños y niñas.

Es rol de la Educación Pública –una nueva Educación Pública– hacerse cargo de esta realidad. La convivencia con personas de diferentes culturas nos permite aprender, descubrir y crecer. Es en la escuela donde se puede evitar que se produzcan más marchas como las de Antofagasta o bromas sobre la Plaza de Armas.

Abordar esto es un desafío que no sólo compete a la reforma migratoria que ha anunciado el gobierno de Michelle Bachelet en materia de derechos sociales, sino que también es un eje que no puede quedar al margen de la reforma educacional. Aún no sabemos qué dirán el Ministerio de Educación o el Ministerio del Interior al respecto, pero confiamos no quede en el olvido. Las políticas públicas de diferentes carteras tienen que conversar entre sí y propender a la inclusión desde las bases.

Y esto no puede ser mañana, tiene que ser hoy. Porque es hoy que esos niños y niñas están en los colegios. Hay colegios donde un 30% son estudiantes de origen extranjero, donde para la celebración del 18 no sólo se baila cueca, sino también marinera y cumbia. Vayan a visitar alguna escuela y véanlo con sus propios ojos. Hace poco nosotros lo hicimos y nos encontramos con una entusiasta líder proveniente de Chimbote, Perú, que ya en 5° básico es presidenta de curso. Un ejemplo de capacidades y habilidades que debemos saber incentivar e integrar en nuestra segregadora sociedad.

*Escrita por Matías Reeves (Educación 2020) y Víctor Hugo Lagos (Clínica de Migrantes y Refugiados, UDP).