Dados los convenios entre Chile y Colombia (Alianza del Pacífico y el Tratado de Libre Comercio), sólo necesitan cédula de identidad para ingresar al país. El año pasado, nueve mil colombianos ingresaron por la frontera norte (Colchane y Chacalluta). Otros seis mil fueron rechazados. Sin razón. La ley da mucha arbitrariedad al funcionario de la PDI.

Chile cuenta con la legislación migratoria más antigua de América Latina. Uno de sus problemas más graves es que ve la migración como una amenaza. Es una ley discrecional y que favorece la arbitrariedad. Es decir, está en poder de un oficial de Policía Internacional aprobar o denegar el ingreso a Chile. En la frontera, los colombianos afrodescendientes corren con desventaja. Porque son más morenos. A veces, los hacen hacer filas especiales, antes siquiera de mirar sus documentos. Filas de negros separadas de las filas de blancos. A muchos les dicen que no pueden ingresar, sin darles razón. Les piden una bolsa de dinero, cosa que no está establecida en la normativa chilena. Les piden carta de invitación y los hacen volver al día siguiente con la carta sólo para decirles de nuevo que no, porque han sido rechazados el día anterior.

En las oficinas del Servicio Jesuita a Migrantes de Tacna y Arica recibimos muchas denuncias. No es raro que en la frontera a una mujer colombiana la traten de prostituta, y a un hombre, de traficante.

En el mundo, las fronteras más cerradas son las peores. No importa cuán altas sean las murallas y rejas ni cuántos millones de dólares invierta EE. UU. en su frontera, los flujos migratorios siguen creciendo. No importa que entre el norte de África e Italia esté el Mediterráneo ni que las embarcaciones que se usan para navegarlo sean extremadamente precarias, los flujos siguen su camino. Es el legítimo deseo humano de vivir en paz, de no pasar hambre y de ofrecerles un futuro a los hijos.

Una frontera en la cual hay discriminación y arbitrariedad es el origen de todos los males. La persona rechazada se vuelve a Tacna. Casi sin dinero queda como indigente. Y como no puede volver a su país, no tiene otra alternativa que el ingreso clandestino. Ahí aparecen las redes de tráfico y trata de personas. A nuestra oficina de Tacna, llegan más hombres que mujeres pidiendo ayuda. La razón es evidente. Las mujeres entran en las redes de trata. Los traficantes les dicen que las van a cruzar regularmente y les piden sus documentos. Con sus documentos retenidos quedan en una situación en extremo vulnerable y son obligadas a prostituirse. Junto a la trata, hombres y mujeres son víctimas de tráfico. Pagan lo que no tienen a un traficante para que los cruce a Chile. No hay otra alternativa. Si entran a Chile por un paso no habilitado, quedan en situación migratoria irregular, lo que aumenta considerablemente su vulnerabilidad. En el hospital de Arica se negaban a atender a una mujer embarazada colombiana sin Rut. La funcionaria del hospital no sabía que el embarazo cabe dentro de la categoría “urgencia” y que por eso no se puede negar la atención.

Nuestros funcionarios de la oficina de Tacna coinciden con los traficantes en el terminal de buses. Los primeros están dedicados a la protección de los derechos de los migrantes; los segundos, al tráfico. Los burreros, jaladores o coyotes han amenazado de muerte a la gente de nuestra oficina porque les echan a perder el negocio. ¿Vamos a dejar que ganen los traficantes?

Podría seguir contando historias. Todo esto pasa en Chile. Se llama violación de los derechos humanos.