Este año, la jornada estuvo enfocada en la trata de personas con fines de explotación laboral, tema cuyo debate inició el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab; y luego fue profundizado en un panel de expertas.
El Subsecretario del Trabajo, dio inicio al evento destacando el Plan Nacional Contra la Trata de Personas, creado posteriormente a la Ley 20.507 que rige a partir del año 2011 en el país. Bajo dicha normativa sólo se cuenta con una sentencia por abuso laboral, a pesar de las numerosas denuncias realizadas hasta la fecha.
El panel de expertos llamado “Trata Laboral: Explotación Invisible”, estuvo conformado por: Carmen Espinoza, directora de PET (Programa de Economía del Trabajo); María José Fletcher, abogada y fundadora de VIDA en EE.UU; Carolina Rudnick, abogada del Departamento de Crimen Organizado del Ministerio del Interior; y Sònia Lahoz, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Si bien en Chile no existe una estadística de las redes de trata de personas, la abogada Carolina Rudnick destacó la colaboración de la ONG Raíces, por sus estudios exploratorios que han ayudado a conocer de manera más profunda los focos que se producen a nivel nacional.
La trata de personas, que se produce a nivel mundial, es calificada como la “esclavitud moderna” y es considerado actualmente por las Naciones Unidas como un delito de lesa humanidad.
“Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o el uso de fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para contener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”, determina la entidad internacional.
Tanto en Chile como en otros países, la pobreza, el analfabetismo, la inequidad de género, de raza, entre otros, son factores que propician e incrementan la “trata de personas”. Y, cuando esto ocurre, se violan los derechos fundamentales de los seres humanos. Por lo tanto, el desafío es a que se sigan estableciendo instancias de participación y generación de información, para que este tipo de delito no continúe afectando y dañando a niños y niñas, mujeres y la sociedad en general.(ONGRaíces/2014).
