De acuerdo al informe, el gobierno chileno mejoró sus esfuerzos en el cumplimiento de leyes para combatir la trata, fortaleciendo la capacidad policial y procesal, logrando así las primeras condenas en el país por trabajo forzado.
Además, destaca que el país avanzó en los mecanismos de protección de las víctimas y de prevención de la trata de personas en el último año, estableciendo un detallado plan de acción nacional para combatirlo y desarrollando una mayor coordinación entre las diversas instituciones.
Sin embargo, el informe señala que Chile aún es país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado. Por ello, señala que las autoridades y la sociedad civil deben seguir atentos y deben mantener sus esfuerzos contra la trata de personas.
El embajador de los Estados Unidos en Chile, Michael Hammer, señaló que "el ascenso de Chile a la categoría 1 es un reconocimiento a la dedicación y al trabajo arduo que realizan el gobierno de Chile, instituciones y el Congreso en la lucha contra esta grave violación de los derechos humanos, para asegurar el respeto y la dignidad de todas las personas".
Venezuela a la "lista negra"
El Departamento de Estado incluyó a Venezuela en la "lista negra" de países que no cumplen con los estándares mínimos contra el tráfico de personas ni hacen esfuerzos por cumplirlos.
En esta categoría se ubican un total de 23 países, entre los que también se encuentran Cuba, Rusia, Arabia Saudita, Tailandia y Malasia.
Entre los países que sufrieron una rebaja de clasificación figura también Colombia, que cayó de la primera categoría a la segunda, de un total de cuatro. La caída, según el informe, se produjo porque el país se concentró en el tráfico internacional de personas y descuidó los casos de abusos a nivel interno.
Con la inclusión en la "lista negra", países como Venezuela quedan sujetos a posibles sanciones, como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial o la negativa de EE.UU. a que reciban préstamos de instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, según dicta la ley estadounidense.
