1. Saludamos la prioridad dada a la infancia por el actual Ejecutivo, al incorporarla a las 5 áreas estratégicas del gobierno. Consideramos que esta prioridad debiese referir fundamentalmente a la necesidad imperiosa de adecuar, por fin, toda nuestra legislación e institucionalidad, al cumplimiento e implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño, compromiso adquirido en agosto de 1990 y aún en deuda.

2. Saludamos también la propuesta relativa a un Gran Acuerdo Nacional por la Infancia y precisamos que, en el marco del intenso debate del “Proyecto de Ley que Crea Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez” realizado entre septiembre 2015 y diciembre 2017, tanto en la Cámara como en el Senado, se ha llegado ya a acuerdos amplios para los Principios (Título I) y los Derechos reconocidos y especificados (Título II), ambos aspectos doctrinarios fundamentales que deben sustentar un nuevo sistema de protección de la niñez en nuestro país.

Reconocemos públicamente la importante labor desarrollada por parlamentarias y parlamentarios de todas las bancadas, en ambas Cámaras, para lograr alcanzar ese relevante consenso.

3. Por lo anterior, afirmamos que, lo que corresponde ahora es construir este Gran Acuerdo Nacional, buscando concordar los mecanismos, estructuras institucionales y procedimientos que posibiliten que esos principios y derechos puedan hacerse realidad. Por lo tanto, es para nosotros una prioridad central que se logre construir el consenso necesario sobre los aspectos que faltan en el “Proyecto de Ley que Crea Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez” con el fin de llegar a fines del presente año con una Ley de Bases Generales de la Protección Integral de los Derechos de toda la Niñez en nuestro país.

4. Tal como hemos venido planteando desde el año 2012, la Ley de Bases Generales de la Protección Integral, debe abrir paso, en su implementación, a la generación de un sistema de protección integral con enfoque territorial y con preeminencia de la respuesta en sede administrativa.

Dicha protección administrativa, debe contar con organización, autoridad, recursos y potestad en comunas y localidades del país, para gestionar, articular y tomar medidas en prevención, promoción y protección de los derechos de la niñez. Esta autoridad debe apoyarse sólidamente en la amplia red de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones comunitarias y de las propias organizaciones de niños y niñas.

5. De igual manera, el sistema de protección integral debe reconocer la existencia formal de una Autoridad Central, en la figura del Ministro de Desarrollo Social, en tanto autoridad política y órgano rector responsable de la protección integral de los casi 4,5 millones de niños y niñas que habitan en nuestro país.

6. Por lo mismo, la futura Subsecretaría de la Niñez en tanto entidad de apoyo a la Autoridad Central, debe asumir como mandato obligatorio y prioritario, el diseñar, implementar y gestionar el despliegue territorial, a lo largo y ancho del país, del sistema de protección integral y de la protección administrativa, convocando a las organizaciones de la sociedad civil para aportar su experiencia en terreno.

7. El desarrollo de este sistema de protección integral requiere de la presencia de una autoridad autónoma que supervigile su funcionamiento y cumplimientos, para ello se ha debatido, acordado y promulgado en el anterior Gobierno y en el anterior periodo legislativo, la Ley 21.067, del 20 de enero 2018, que Crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Dicha Defensoría deberá organizarse e iniciar su implementación durante el presente año.

Correspondiéndole a la Comisión de DDHH del Senado la tarea de recepcionar candidaturas y seleccionar una a presentar a la Sala, donde debe contar con el apoyo de dos tercios, es fundamental que en el nacimiento de la Defensoría se resguarde al máximo la transparencia en su nombramiento, así como se asegure, por parte del Senado y en coherencia con la ley (dado que los órganos de gobierno no pueden jugar ningún rol en este procedimiento), la más amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de niños y niñas para dar su opinión sobre las postulaciones.

8. Es urgente propiciar desde el Ejecutivo, un nuevo trato en la relación con los organismos de la sociedad civil que trabajan en infancia. Así ha sido declarado por el Ejecutivo y esperamos señales y prácticas claras de su cumplimiento.

El trabajo de los organismos de la sociedad civil y de las organizaciones de niños y niñas en los territorios es fundamental (como lo demuestra la experiencia comparada) para poder avanzar, con posibilidades de éxito, en la construcción de un efectivo sistema de protección integral, que deje atrás la crisis del sistema de atención actualmente existente.

9. En relación a los cambios relativos al SENAME, todo indica que la división del SENAME en dos servicios, anunciada periódicamente desde el año 2000 a la fecha, será una medida urgente y prioritaria del actual gobierno.

Señalamos al respecto que esta división y las otras iniciativas anunciadas sobre dicho servicio, deben poner el acento en la protección de los derechos de todos los niños y niñas y deben implicar cambios que permitan mejorar la calidad del conjunto del trabajo que se realiza, tanto en programas como en residencias y centros y, debe también posibilitar el mejoramiento de las condiciones de trabajo bajo las cuales estos se implementan.

10. Consideramos un deber alertar al actual gobierno y a la ciudadanía, respecto a que los cambios focalizados en SENAME, por importantes que sean para mejorar aspectos de lo ya existente, no serán suficientes por sí mismos, para superar la crisis de fondo del sistema de atención actual y del cual SENAME es una parte.

El camino de superación de la crisis está en la configuración de un nuevo sistema de protección integral de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que habitan nuestro país, con foco en la prevención promoción y protección de los derechos de la infancia, independiente de su condición, situación de vida y lugar del territorio en que viven.

Hacemos un llamado a todo el mundo político para avanzar, de cara a la ciudadanía, en concordar posiciones, dejando de una vez por todas en el pasado una deuda, de más de 27 años, respecto al reconocimiento efectivo de todos los niños y niñas como sujetos plenos de derechos.

Campaña Movilizándonos por una Cultura Integral de Derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile (participan 400 organizaciones, redes locales, OPD´s y ONG´s de cinco regiones del país), Capítulo Chileno del Movimiento Mundial por la Infancia-MMI, Comunidad de Organizaciones Solidarias-COS (Representando a su Mesa de Infancia la que agrupa a 60 ONG´s), Foro Chileno por los Derechos de la Infancia, Mesa PRO-BICE (representando a 10 instituciones ligadas a la Iglesia Católica), Red de ONG´s de Infancia y Juventud- ROIJ (con 35 ONG´s de infancia y juventud a nivel nacional), Aldeas Infantiles SOS-Chile, Asociación Chilena Pro-Naciones Unidas-ACHNU, Corporación ChileDerechos, Corporación La Caleta, Corporación GRADA, Fundación Ciudad del Niño, Fundación Para la Confianza, Fundación Mi Casa, Fundación DEM, Fundación PIDEE, Fundación Pléyades, Maristas-Chile, ONG Paicabí, ONG SocialCreativa, ONG Raíces, Universidad Central de Chile, World Vision-Chile.

Santiago, Chile

09 Abril 2018

CC

Comisión de Trabajo para un Acuerdo Nacional por la Infancia