Este espacio fue primordial para avanzar en el abordaje hacia las víctimas, el que se desarrolló del 13 al 15 de junio, en la Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima). Se caracterizó por ser un encuentro altamente creativo y relevante en esta aberrante violación a los derechos humanos, que se manifiesta en la actualidad como un grave problema de carácter internacional.

De Chile participamos el Capítulo Chileno del ObservaLAtrata: Paicabi, Universidad Católica de Concepción y ONG Raíces. Todos los Congresos Latinoamericanos y del Caribe, son organizados por el Observatorio Latinoamericano Contra la Trata y Tráfico de Personas (ObserLAtrata) y el Capítulo del país. En esta ocasió fue en Perú y estuvo a cargo del capítulo peruano, especialmente CHS y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Es primordial destacar "La atención de las víctimas de la trata y tráfico de personas es obligación del Estado, la voluntad política no ha sido suficiente, destacan entre los obstáculos: la falta de presupuestos asignados a la institucionalidad estatal y las dificultades para su ejecución, las complicidades o corresponsabilidades de los funcionarios y autoridades del Estado con el sujeto activo del delito, la falta de mecanismos de información, sensibilización y prevención efectivos, la inaplicabilidad de los protocolos de actuación y los modelos de atención por los operadores de justicia y las instituciones de protección y asistencia a víctimas respectivamente, la corrupción y la impunidad".

El Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, ObservaLAtrata, en desarrollo de sus ejes de formación, investigación y articulación para la incidencia social y política ha llevado a cabo el V Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de personas con el lema “Actuando contra la indiferencia”. 

El evento fue organizado por Capital Social y Humano Alternativo, CHS Alternativo, y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú IDEHPUCP, durante los días 13, 14 y 15 de junio de 2017 en la ciudad de Lima, Perú. Este espacio logró el intercambio de conocimientos y experiencias, el diálogo y la discusión entre la academia, las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas, las empresas privadas, las autoridades públicas y los organismos internacionales sobre las complejidades de la trata y el tráfico en la región latinoamericana y caribeña.

Las reflexiones compartidas entre panelistas, asistentes, especialistas, contribuirán a fortalecer las agendas nacionales y regionales para la acción de los trece capítulos nacionales (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Haití, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana y México), de los dos grupos promotores (Guatemala y Paraguay), y las tres redes regionales (Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas y en América Latina y el Caribe, End Child Prostitution and Trafficking -ECPAT América Latina-, y la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo) que integran el ObservaLAtrata.

El Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas es una articulación amplia de actores civiles, académicos y públicos con la finalidad de aportar estrategias en las líneas de investigación, formación, e incidencia para las políticas públicas con el propósito de combatir la trata y tráfico de las personas en múltiples direcciones de la vida social de nuestros países.

La sumatoria de voluntades, trabajos, iniciativas, creatividades y actividades diversas durante el V Congreso aportaron para la ruptura de la indiferencia social y enfocado a las víctimas y a las múltiples violaciones y graves delitos que menoscaban la condición humana.

La atención de las víctimas de la trata y tráfico de personas es obligación del Estado, la voluntad política no ha sido suficiente, destacan entre los obstáculos: la falta de presupuestos asignados a la institucionalidad estatal y las dificultades para su ejecución, las complicidades o corresponsabilidades de los funcionarios y autoridades del Estado con el sujeto activo del delito, la falta de mecanismos de información, sensibilización y prevención efectivos, la inaplicabilidad de los protocolos de actuación y los modelos de atención por los operadores de justicia y las instituciones de protección y asistencia a víctimas respectivamente, la corrupción y la impunidad.

Es importante destacar la falta de información actualizada y bases de datos confiables que permitan identificar de manera cuantitativa la incidencia del delito y el acceso a la justicia.

Se hace necesario señalar la relación intrínseca entre las desapariciones forzadas, la trata y el tráfico de personas. Los datos de victimas detectadas por trata resultan menores comparados con el número reportado de desapariciones.

Existen avances notables del diseño e implementación de los instrumentos jurídicos y las acciones del Estado aunque resultan insuficientes porque no se concretan en programas efectivos para restitución del ejercicio de los derechos en la atención plena e integral de las víctimas, sobrevivientes o sujetas pasivas del delito. 

Por lo anterior resulta impostergable fortalecer el diálogo y la articulación regional como herramienta de trabajo cooperativo para maximizar la lucha por la erradicación de la trata y el tráfico de personas.

Resulta impostergable la conformación de redes regionales y nacionales de jóvenes para que se constituyan en agentes de cambio para la erradicación de la trata y tráfico de personas en Latinoamérica y el Caribe.

Para la lucha contra la trata y el tráfico de personas es necesario combatir la indiferencia generando conciencia en todas las instancias involucradas: organizaciones e instituciones estatales, no gubernamentales y sociedad civil en general, en torno a la grave violación a los derechos humanos que estas modalidades de violencia representan.

De la misma forma resulta urgente atender la violación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales, la discriminación por género, edad, origen económico y etnia se encuentran en la base de esta forma de violencia extrema.

A pesar del arduo esfuerzo que realizan las instancias que trabajan en la temática, las cuales reconocemos y exhortamos, los resultados alcanzados aún están lejos de la erradicación de la trata y el tráfico de personas en Latinoamérica, haciéndose necesaria la inversión en capital económico y humano para la lucha contra la problemática y la promoción y protección de los derechos de las poblaciones más vulnerables.

• Destinar recursos y generar acciones efectivas para la asistencia y acompañamiento a víctimas y su núcleo de vida, para que se pueda arribar a una reparación efectiva de quienes han sido tomadas por este delito.

• Mantener de forma permanente y constante la revisión de las políticas públicas para actualizar las mismas a las necesidades específicas que se tengan en miras de garantizar la erradicación de la trata y el tráfico de personas.

• Realizar acciones que vayan encaminadas a la toma de conciencia de las sociedades de los diferentes países en miras de erradicar la indiferencia ante este delito.

• Desarrollar mecanismos de política pública coordinada entre los tres poderes del Estado que garanticen el efectivo acceso a la justicia para las personas que han sido víctimas de este delito.

• Implementar mecanismos de articulación presupuestaria para destinarlos a la prevención en educación y en la restitución de derechos en las carteras laborales.

• Respetar las decisiones jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos, adecuando las prácticas y los procesos de trabajo a las mismas.

• La adecuación normativa y en especial a la promulgación de leyes específicas contra la trata y el tráfico de personas, en especial en los Estados en los que aún estas son carentes, y en los que cuentan con la respectiva legislación a que ésta sea reglamentada e implementada.

• Incluir otros tipos de finalidades delictivas de la trata, como la captación para actividades delictivas y la desaparición forzada seguida de la trata.

• Alcanzar una efectiva indemnización a las víctimas sobre los bienes objetos del delito, como parte de la reparación del daño.

• Construir bases de datos y sistemas de información fiables desde las agencias estatales como condición para la elaboración de la política pública, entendiendo que la fiabilidad implica que se conozcan la totalidad de los hechos que se producen y el monitoreo en la restitución de derechos de las víctimas.

• Garantizar la erradicación de la impunidad de los responsables de la trata y tráfico de personas. Para ello, consideramos indispensable que las legislaciones de nuestros países adecuen la Convención contra la Corrupción, ya que este es uno de los factores determinantes para la ausencia de sanción.

• Incrementar y/o asignar recursos presupuestarios específicos para el combate al delito de la trata y tráfico de personas y para la atención, seguimiento y reparación del daño de las personas víctimas.

• Trabajar de manera conjunta, coordinada y articulada en política de migración, en miras de erradicar el tráfico ilícito de migrantes.

• Desarrollar políticas públicas de migración adecuadas al principio de la libre movilidad humana como derecho fundamental, considerando que las políticas migratorias basadas en la seguridad nacional facilitan el tráfico de personas.

Asimismo:

• Comprometer a los Estados a rendir cuentas a la ciudadanía en cuanto al avance y cumplimiento de las políticas públicas relacionadas contra la trata y tráfico de personas.

• Fomentar acciones en política migratoria de acuerdo a los estándares internacionales en derechos humanos.

Finalmente, al ser la trata y el tráfico de personas problemáticas que atraviesan la realidad de nuestros países latinoamericanos y del Caribe, con seres que se mueven dentro y entre nuestros territorios nacionales, y que a partir de este movimiento nos convocan a conocernos más y trabajar juntos/as entre los diferentes actores/as de los países de la región para un verdadero trabajo en red que nos una en un nosotros articulado. Buscando que las y los sujetos de la trata y el tráfico de personas sean actores/as en ejercicio pleno de sus derechos, impulsándonos a que la realidad nos interpele a todos/as como seres sentipensantes, permitiéndonos un abordaje crítico para observar, actuar y transformar nuestros contextos latinoamericanos.