Reflexiones rápidas para el diálogo sobre la PARTICIPACION en la Ley de Garantía de Derechos en Chile.[1]
Latinoamérica está en una crisis profunda de los modelos representativos de las democracias actuales. La falta de participación en los procesos electorales; la pérdida de credibilidad en las prácticas políticas relacionadas con abusos, apropiación de recursos del Estado y colusiones de parte de personajes de las cámaras con las empresas etc…
Se reconoce que “el modelo democrático de sociedad”, sería el modelo que responde hasta ahora, de la mejor manera a nuestras sociedades.
En este contexto tan general que planteo, el aprendizaje de cómo actuar y ejercer la democracia, se hace en la práctica. Esto es lo que se debe aprender haciendo, de parte de niños, niñas y adolescentes.
La CIDN, su gran aporte es el reconocer a los niños, como sujetos sociales y políticos para actuar en todos lo que les afecte.
Entonces, no hay ley de garantía de derechos, que se reconozca como tal, si no facilita el reconocimiento de este derecho, a participar de parte de los niños, niñas y adolescentes en todo lo que viven.
El deber de los adultos/as es garantizar este derecho y en respuesta los niños, niñas y adolescentes “aprenderán” a que implica los procesos de trabajo en común, a expresarse e implicarse en las transformaciones sociales que se requieren a partir de sus espacios propios
de desarrollo: territorio, familia, escuela, comuna en lo individual y colectivo.
Una ley de garantía de derechos que se reconozca como tal debe garantizar que, desde el espacio comunitario, lo local]/comuna, lo regional y nacional tenga PROCESOS DE APRENDIZAJE de la participación.
Esto requiere de facilitadores que han cambiado la cultura adulto céntrica, por una cultura del respeto a la diversidad y facilitador de la participación de los niños, niñas y adolescentes; Esto requiere de espacio desde lo barrial a lo nacional de procesos de aprendizaje de la participación que implica: organización, vocerías democráticas, procesos de representación que en lo que respecta a los niños, niñas y adolescentes debieran de contribuir a la alternancia y especialmente a la “no institucionalización” como es el caso de las experiencias adultas.
Implica por supuesto, toda una institucionalidad desde la base, que permita el ejercicio real de la democracia y el reconocimiento entre los niños, niñas y adolescentes de que en el diálogo con los adultos/as lo que ellos/as dicen se va plasmando en la realidad. O sea que va adquiriendo con el tiempo logros observables y que su participación no es decorativa.
De ahí la importancia del trabajo con las organizaciones comunitarias para que las instancias adultas existente en los territorios, tomen en cuenta a este ciudadano persona que tienen todas las potencialidades para ser en el mundo.
Que en lo local exista instancias diversas de participación desde lo comunitarios a lo fomal/escuela para que los niños, niñas y adolescentes se apropien, tengan pertenencia a los territorios donde viven y no solamente sean parte de prestaciones sociales, sino de garantía de derechos.
Participación que en el aprendizaje debe ser compartido con los adultos/as en perspectiva intergeneracional para aprender que las democracias se co – construye con todos los actores.
¿Quién y cómo se hace cargo de estos procesos de aprendizaje real de que los niños, niñas y adolescentes aprendan mediante la participación lo que es un país de prácticas democráticas?
Una ley de garantía de derechos que expresamente reconoce a los niños y niñas como sujetos sociales y políticos; una institucionalidad que expresamente genera espacios desde la base para que los niños y niñas, vivan la participación y no solamente esté al criterio de los alcaldes con lo que implica la utilización de las actuales cada 4 años; de un defensor de la niñez que a la hora de que haya vulneraciones de este derechos los niños no solamente individualmente, sino que colectivamente hagan la denuncia y la propuesta desde lo que viven en sus vidas cotidianas.
Este salto en una ley de garantía de derechos es la que la valida. Las prestaciones sociales, solamente mantienen un sistema que pretende chorrear lo que el Neoliberalismo le será imposible de conseguir: DERECHOS DE LA NIÑEZ.
Cuando se trata de temas que tienen que ver con el poder, nos introducimos en la praxis política donde lo técnico queda cojo porque en lo que respecta a los niños, niñas y adolescentes, se trata de un cambio cultural de parte de los adultos y eso penetra todas las estructuras del cómo se hace política y como se reconoce a los diversos actores en la co – construcción de la sociedad que queremos y merecemos.
Al final, es pasar de ver a los niños niñas y adolescentes como depositarios de prestaciones sociales, a reconocer la potencialidad en construcción de sus vidas individuales y colectivas para vivir y que otro Chile es posible.
[1] David Ordenes, Educador. Presidente de la Corporación La Caleta y representante del Colectivo Diversidad Cultural de 100 organizaciones de América Latina. Facilitador del Movimiento Movilizándonos en Chile.
