La razón, muy simple, porque “queremos elevar el nivel de los Centros del SENAME, ...para que los agentes colaboradores, particulares se acerquen al nivel de los servicios que el Estado le presta a los usuarios” y, por tales usuarios, el señor Ministro se permite hablar, constantemente, en todo su discurso de “los menores”4.

Suponemos entonces que el señor Ministro ignora por completo el “Informe Final de Evaluación-Programa de Administración Directa”5, fechada en junio 2007, evaluación que fue

realizada sólo a las administraciones directas de protección y de infractores de ley del SENAME por parte de un Panel de Expertos de la DIPRES del Ministerio de Hacienda. Dicha evaluación abarcó los años 2004-2006.

El informe señalado, en sus 209 páginas, analiza los fines del programa, su población objetivo, el diseño, la organización y gestión, la eficacia y calidad, los antecedentes financieros, la eficiencia y economía. Esta evaluación se aplica a lo que en el informe se llama los 3 componentes del Programa de Administración Directa, vale decir: 1) los centros de Sename que atienden a niños y niñas entre 0 y 5 años y 11 meses; 2) los centros del Sename que atienden a niños y niñas entre 6 y menores de 18 años y 3) los centros del Sename que atienden a adolescentes infractores de ley penal, entre los 14 y 18 años.

Por supuesto, el informe en cuestión explicita sus conclusiones y recomendaciones6, en ellas dice por ejemplo:

“Con respecto de los componentes 1 y 2, no es posible establecer razones concluyentes para que estas actividades sean ejecutadas en forma directa por SENAME y no pueda ser externalizadas a la red privada de instituciones colaboradoras...”.

“Se recomienda un rediseño sustantivo del actual Programa de Administración Directa...". “Recomendaciones al diseño del Programa de Protección de Derechos: 1. Externalizar el Programa de Protección de Derechos. Se recomienda que este sea diseñado e implementado bajo la modalidad de Administración Directa de SENAME por un período acotado de tiempo

mientras se afianza en todos sus aspectos, para posteriormente en un plazo máximo de 2 a 3 años, sea entregado a la administración de las instituciones colaboradoras...”7.

Como por Ley 20.084 las medidas de privación de libertad, sólo pueden ser ejecutadas en centros administrados directamente por el SENAME, las recomendaciones del Informe respecto de esos centros se concentra en la necesidad de redefiniciones de orientaciones técnicas, fortalecer sistemas de información y fortalecer la función de monitoreo y evaluación (porque, entre los problemas que constata está la “amplia gama de instrumentos usados”8).

Lo interesante es que este Informe cuenta con otro más, conocido como “Informe de cumplimiento de compromisos”, fechado el 30 de junio del 2016. Este informe, pone en evidencia lo que sucedió con dichas recomendaciones en estos 9 años transcurridos (2007 al 2016). Vale decir, las recomendaciones fueron transformadas en “compromisos” del SENAME y del Ministerio de Justicia, ello con el fin, suponemos, de asegurar su cumplimiento en plazos definidos.

Resumidamente, ¿qué podemos desprender de dicho Informe?: La fecha de vencimiento para el “rediseño sustantivo” era diciembre 2008, en función de aquello SENAME-MINJU, debían realizar un estudio de perfil de beneficiarios y un segundo estudio de identificación de la oferta programática de las colaboradoras, con sus costos reales.

El primer estudio fue adjudicado a la Universidad Católica y se dio por cumplido el 30/ 06/ 2011 (2 y medio año después de su fecha de vencimiento).

El segundo estudio fue adjudicado (luego de una primera licitación declarada desierta), a la Fundación Leon Bloy y se consideró cumplido al 30 06 2009 (6 meses después de la fecha de vencimiento). Sin embargo, el propio informe explica que “...este estudio ha sido ingresado a la plataforma web de la Dirección de Presupuesto con fecha julio de 2011...”, vale decir 2 y medio años después del vencimiento.

Respecto del Plan y cronograma de externalización9, con vencimiento a diciembre 2009, el 26 de julio 2011, el Director de Sename de entonces envió Oficio No2552 explicando, según el Informe, que “A juicio del Servicio en consideración de las posibilidades de atención especializada que puede brindar los centros de administración directa a los usuarios del programa de protección, es que ha decidido continuar con la atención a través de estos centros...”.

El informe explicita también que el Director Nacional del Sename solicita a la Dirección de Presupuesto “la eliminación de este compromiso” y, con fecha 31 12 2011, se considera el compromiso “cancelado”. De todo esto nos enteramos al subir DIPRES a su web, el 30 de junio 2016, dicho informe.

Contrasta el trato hacia las Administraciones Directas, con lo que viven las organizaciones de la sociedad civil que trabajan como colaboradoras del SENAME y, ejemplo brutal de ello es lo que vivió a fines del 2014 y principios 2015, es decir bajo el actual gobierno, toda la

línea de Programas de Prevención Comunitaria, implementados por organismos colaboradores en barrios y poblaciones. Dicha Línea, a pesar de las buenas evaluaciones del Sename y del apoyo de sus equipos técnicos en regiones, fue eliminada por una decisión de la Dirección Nacional del servicio, para así reorientar recursos a la generación de Oficinas de Protección de Derechos con algunos Municipios (las cuales a su vez, en los distintos estudios y evaluaciones, han sido profundamente criticadas10).

Debemos suponer además, que el señor Ministro desconoce los numerosos estudios, investigaciones y evaluaciones realizadas a los programas que implementan las instituciones colaboradoras y que son fácilmente ubicables en la página web del SENAME, en su Centro de Documentación, para ser más preciso.

Debemos también suponer que el Ministro ignora que, hasta el año 2014 el Departamento de Planificación del Sename, elaboraba y publicaba un informe estadístico trimestral sobre la realidad de la atención de programas y centros, tanto de las colaboradoras como de las administraciones directas. Sin embargo, dicho año la Dirección del Sename, es decir bajo el actual gobierno, decidió que no era necesario tanto dato y lo sustituyó por un informe estadístico anual (un anuario).

Imaginamos que el señor Ministro tampoco está enterado de que por ley (Título IV del Reglamento de la Ley 20.032, en implementación desde el año 2005), el Sename está obligado a realizar una evaluación anual11 a cada uno de los proyectos que implementan las instituciones colaboradoras, evaluaciones que, hasta hace un par de meses atrás, se podían visualizar en la web del Sename. Suponemos que el Ministro ignora también que todos los proyectos de las instituciones colaboradoras, al presentarse a concurso, son evaluadas siguiendo la norma establecida en el artículo 36 de la Ley 20032.

De igual manera, debemos suponer que el señor Ministro no está al tanto de todo el material de diagnóstico y estudios sobre el Sename, realizados el año 2001, bajo el gobierno del ex Presidente Lagos, en el marco de lo que iba a ser la reforma a la institucionalidad de infancia. Tampoco debe conocer lo realizado en diagnósticos y estudios sobre el Sename, en los años 2008 y 2009, en el marco del “rediseño del Sename”12 impulsado por la entonces Presidenta Bachelet y, de igual manera, desconoce todos los estudios del año 2010 y 2012, realizados bajo el gobierno del ex Presidente Piñera, en función de rediseñar y presentar una ley que dividiera al SENAME13 lo que, debemos decirlo, es más de lo mismo que hoy pretende hacer el actual gobierno de la Presidenta Bachelet, anunciando una vez más la división del Sename.

Sólo podemos concluir en que, con tanta evaluación, estudios, diagnósticos y rediseños dando vueltas en relación al SENAME, la confesión del Ministro “... Estamos gobernando y haciendo políticas a ciegas...”, más que responder a ignorancia y carencias en evaluación, es claramente el producto de una opción política del Supremo Gobierno.

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1 Secretario del Bloque por la Infancia y Jefe del Área de Estudio de Fundación Mi Casa.

2 La puesta en escena del Ministro lo mostró como LA VOZ del Gobierno en la materia.

3 Eh aquí el sacrosanto “derecho de propiedad” esgrimido también por el actual gobierno, para vestir ideológicamente al Estado de propietario y patrón de los centros de administración directa.

4 Los asesores deben explicar al Ministro que, no importan cuan conservadoras sean las colaboradoras pero, en todas ellas y desde hace años está claro que hablar de “menores” es expresión de un profundo desconocimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.

5 Todo lo relativo a dicho informe se puede encontrar en WWW.dipres.gob.cl/594 w3

6 Extraído de la Minuta Ejecutiva- No 02, Programa Administración Directa Servicio Nacional de Menores, Ministerio de Hacienda- Dirección de Presupuestos. En Informe Final de 209 páginas, estas conclusiones y recomendaciones se encuentran entre las páginas 120 y 132.

7 Entre una de sus razones está la necesidad de no separar a los niños y niñas de sus lugares de origen geográfico (además de costos, satisfacción de usuarios, innovación, etc...).

8 Como verá el Ministro, no es que no haya NADA en evaluación, la Dipres lo que verificaba entonces es que hay muchos instrumentos pero que, se requiere priorizar lo que sea más pertinente para el seguimiento y la evaluación del Programa en su conjunto, así también como ser capaz de instalar una línea de trabajo en la evaluación, para la toma de decisiones institucionales.

9 Seguramente la Diputada Vallejos va a encontrar que esto es “neoliberalismo”, sin embargo, es lo que desde los años 60 hacen Estado comprometidos con los grupos vulnerados en sus derechos (incluidos por cierto, los Estados de Bienestar en su mejor época) y ello por razones simples, valoran el compromiso, la cercanía, la flexibilidad, la capacidad de innovar y... los mejores resultados.

10 Las críticas a las OPD ́s no tienen que ver con la necesidad de su existencia sino que, con un diseño estratégico, con una relación compleja con los Municipios y con escasos recursos asignados, lo que no les permite cumplir la misión esperada.

11 Esto independiente de que dicha evaluación anual sea considerada débil, al estar muy formalizada, ser poco participativa y centrada sólo en ciertos aspectos cuantitativos.

12 Dicho “rediseño” formaba parte del “Acuerdo Político Legislativo” entre Ejecutivo y Parlamento del año 2007, el cual ponía como plazo junio 2008 para concretar dicho rediseño.

13 El proyecto de ley fue presentado por el Gobierno del ex Presidente Piñera el año 2012. Esta era una de las metas monitoreadas directamente por el ex Ministro Larroulet.