Estimadas, estimados, 

En las próximas semanas, según lo comprometido, el Ejecutivo ingresará al Parlamento tres proyectos fundamentales para la niñez y adolescencia en nuestro país: el tan esperado proyecto de Ley de Garantías de Derechos y Protección Integral, el proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Ministerio de Desarrollo Social, que incorporará la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, ello en función de dar sustento institucional a la Ley de Garantía de Derechos y, el proyecto de Ley del Defensor de la Niñez, iniciativa  anhelada, prometida y tantas veces postergada que, en tanto órgano independiente, viene a dar consistencia a las transformaciones que el proyecto de Ley de Garantías de Derechos busca generar.

Estos tres proyectos constituyen la base desde la cual será posible el proceso de construir en nuestro país un sistema de protección integral de la infancia y la adolescencia. Ese es, ni más ni menos, el gran desafío presente.

En este marco, hemos conocido de otras iniciativas relativas a infancia, a saber: proyecto de ley de adopción, modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, eventual proyecto de división del SENAME. Tenemos la convicción de que, siguiendo una secuencia lógica y relacionada con los aspectos sustantivos de los cuales tratan, estas iniciativas no deben tener prioridad sobre los tres proyectos anteriores. 

El proyecto de Ley de Garantía de Derechos y Protección Integral, es el marco que da sentido a todos los cambios en curso, al punto que aspectos de lo allí normado orientarán contenidos y procedimientos para la adopción, para justicia juvenil, para el SENAME, para otros sectores públicos que tienen responsabilidades respecto de los derechos de la niñez e incluso, para Tribunales. 

Estamos firmemente convencidos que, como ya ha sucedido en el pasado, mezclar estas iniciativas sin el orden lógico de prioridad que deben tener, sólo afectará negativamente el poder contar con la Ley de Garantías y con los cambios institucionales necesarios. 

Nuestra opinión se sustenta en la experiencia ya conocida. Así sucedió el año 2005, cuando habiendo, el ejecutivo de entonces, ingresado al parlamento un proyecto de ley de Protección de Derechos, finalmente, dado el ambiente político generado con los temas de seguridad pública, se terminó priorizando por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (lo que de suyo era y sigue siendo, una absoluta incoherencia). Así también sucedió el año 2012, cuando el ejecutivo de la época, por priorizar por el proyecto de ley de división del SENAME, desechó el proyecto de ley de Protección Integral, previamente acordado con los organismos de la sociedad civil que hoy conformamos el Bloque por la Infancia.

Llamamos al Supremo Gobierno y al Honorable Congreso, a no volver a incurrir en tamaño error y a poner al centro el interés superior del niño, enfocando todos los  esfuerzos en pro de contar a la brevedad, con un sistema legal e institucional coherente con la Convención de los Derechos del Niño. Habiendo transcurrido 25 años desde que el Estado de Chile se comprometió a encarar y resolver estas tareas, no es mucho pedir.